Desde finales de los 80 viene produciéndose en España un incremento progresivo del fenómeno migratorio. Una parte no despreciable de las personas que llegan a nuestro país en busca de mejores oportunidades corresponde a menores de edad y jóvenes que no superan los 20 años y, por lo tanto, con una personalidad en desarrollo. Un dato que agrava la problemática de estos menores y jóvenes a los que nos referimos es que llegan sin ningún tipo de acompañamiento familiar. Una serie de circunstancias como su corta edad, el choque brutal que se produce entre las expectativas que traían y lo que encuentran al llegar, la falta de un proceso integrador en una nueva cultura y la prohibición expresa de ganarse la vida honradamente, dado que carecen de documentación, pueden llevar a un futuro de marginalidad para ellos y a un crecimiento de la alarma social en torno a la problemática de la inmigración, con un incremento de las actitudes xenófobas e intolerantes.

En este contexto, el presente proyecto surge como una respuesta integral e inmediata a las necesidades de los menores y jóvenes refugiados e inmigrantes que llegan a España. En el caso de los menores, se trabaja, como es preceptivo, en estrecho contacto con las comunidades autónomas, responsables últimas de la tutela y guarda de los menores. En la Comunidad de Madrid formamos parte del entramado de recursos existentes y participamos en cuantas reuniones y programaciones se realizan.

En cuanto a los jóvenes, con los 18 años ya cumplidos, el problema es más grave, al no existir ningún tipo de recursos institucionales y no estar amparados por la ley en lo que se refiere a su regularización. Pueden pasarse meses y años dando tumbos, sin ninguna posibilidad de pasar a un mercado laboral regulado que permita su integración satisfactoria en la sociedad española. Además, son muchos los jóvenes que, tras pasar un año o unos meses tutelados en un centro de acogida, se ven obligados a abandonar sus residencias y a buscarse la vida sin haber terminado su proceso formativo laboral y, lo que es más grave, sin disponer de los permisos de residencia y trabajo que les permitan vivir por sus propios medios y conseguir una autonomía satisfactoria.